La infanta Cristina pudiera haber sido ciberespiada en la “Operación Pitiusa”

La verdad es que no estamos muy acostumbrados a hablar de casos de robos de datos en España, ya que parece que “esas cosas siempre pasan fuera”. Pero no, en esta ocasión tenemos que hablar de la conocida como “operación Pitiusa”, una red de tráfico de datos que, según diferentes fuentes, tenían comprado a un ejército de informadores en Hacienda, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Instituto Nacional de Empleo, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange e, incluso, estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otras firmas similares, según nos cuenta El País.

Y no hablaríamos de ella en este blog si no se hubiera descubierto trazas de lo que pudiera ser un ciberespionaje online a todo tipo de personalidades y organizaciones o estamentos…, entre ellas, la infanta Cristina. El porqué es sencillo: buscaban indicios de su implicación en la trama Knox. En el caso de la infanta Cristina, fuentes de los servicios de información del Estado han explicado a la revista Interviú “que un hacker –un experto pirata informático– intentó acceder a su correo electrónico personal y monitorizó distintas redes sociales para comprobar si la duquesa de Palma utilizaba alguna de ellas bajo seudónimo. De hecho, la investigación se centra ahora en varios hackers que podrían haber hecho lo mismo con otras personas.”

Por eso, el Centro Nacional de Inteligencia ha reclamado los datos de los detectives y de los clientes implicados en la “operación Pitiusa” porque “afectan a la seguridad nacional”. En la información publicada, comentan que uno de los detectives trató incluso de entrar en su correo electrónico privado, además de rastrear las redes sociales y otras potenciales fuentes de información. Por eso, el servicio secreto ha solicitado los discos duros que la policía se llevó de los despachos de los detectives y que pudieran contener más información que la que públicamente se ha compartido.

Según fuentes de seguridad del Estado, ciento ochenta y nueve personas –entre ellas, funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social, policías locales, guardias civiles y noventa detectives privados– están implicadas en la red, que compraba y vendía datos personales, de cuentas corrientes, vida laboral e informes médicos de miles de personas. Esta operación no ha dejado tranquilos ni a personajes tan conocidos como Telma Ortiz Rocasolano, la hermana de la Princesa de Asturias y concuñada de la infanta Cristina.

Además de analizar la información que contengan los discos duros intervenidos o los datos aportados por los detectives, ahora la investigación parece que se centra en los cibercriminales que habrían participado en la operación y que podrían haber tenido acceso a la intimidad de otros personajes conocidos, utilizando las nuevas tecnologías para ello. Lo que está claro es que se trata de un ataque dirigido en toda regla con un objetivo muy bien definido. Quizá la pregunta es si en la labor de investigación, “todo vale”.

Y la respuesta es que sea cual sea el objetivo, incluso si este es lícito, no es óbice para saltarse nuestro código civil y penal así como todos los convenios internacionales firmados y ratificados por el Gobierno de España en los que se protege la identidad digital de las personas.

Veremos cómo termina toda esta operación, pero lo que está claro es que ni la Familia Real se libra de la acción de los cibercriminales.

@yolandaruiz

Yolanda Ruiz Hervás on